
Lunes 21 de Diciembre de 2009
Parque Italia “Plaza del Pueblo Salvador Allende” 10:30 hrs. AM
Valparaíso
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Hace unas semanas los medios vociferaban la inocencia del cabo Ramirez basados en un informe de carabineros de abril de 2008, documento que no era más que la natural defensa de la institución asesina ante los innegables hechos.
Continuará entonces el proceso judicial que determinará la culpabilidad del carabinero, decisión en manos de los mismos jueces que hoy mantienen en prisión política a numerosos luchadores mapuche.
Por unanimidad confirman procesamiento de carabinero que asesinó a Matías Katrileo
La decisión de la Corte Marcial cierra la etapa de sumario, para dar paso a la investigación que establecerá con exactitud las circunstancias en que se produjo la muerte del joven de 22 años, y así establecer la pena definitiva que recibirá el cabo Walter Ramírez, a partir de hoy procesado “por violencia innecesaria con resultado de muerte”.
Por Paulina Acevedo - Observatorio Ciudadano
Pese a los pronósticos adversos, por la impunidad instalada en los tribunales militares frente a situaciones de abuso, tortura y de muerte que han comprometido a policías en el desempeño de sus funciones, la Corte Marcial confirmó hoy – y por unanimidad- el autoprocesamiento “por violencia innecesaria con resultado de muerte” del cabo Walter Ramírez, autor material del asesinato del joven mapuche Matías Katrileo el 3 de enero de 2008.
Este era el séptimo jueves consecutivo, desde que fue puesta en lugar 13 de la tabla la vista de la causa, que su madre, Mónica Quezada, recorre incansable los pasillos de estos tribunales esperando una respuesta que no llegaba, pese a haber transcurrido casi un año y medio desde la muerte de Matías.
En la audiencia estuvo presente el abogado de la familia, Jaime Madariaga, quien tras conocer el dictamen, se mostró muy satisfecho por lo alcanzado. “Tengo la mejor impresión de lo que pasó hoy con el caso de Matías, pues con este autoprocesamiento se confirma que los antecedentes en contra del cabo Walter Ramírez son serios y fundados, y todo indica que debiera ser condenado a una pena que va entre 5 años y un día a quince años de presidio, por los cargos de violencia innecesaria con resultado de muerte”, afirmó.
“La causa va en la línea correcta, es decir, en la línea de establecer la culpabilidad del cabo Ramírez en el asesinato de Matías. Lo único que resta ahora es establecer es si el balazo que acabó con la vida de este joven de 22 años, ingresó por su espalda o de frente. Situación que influirá en la definición de la cuantía de la pena, pero no en la calidad de autor de este asesinado, que este procesamiento acredita”, puntualizó.
Esta decisión, que podemos calificar de histórica, difiere totalmente de lo que ha ocurrido en el 2002 con el caso del joven de 17 años Alex Lemún, cuyo asesinato permanece impune hasta el día de hoy, y que por lo mismo queremos recordar.
IMPUNIDAD MILITAR EN EL CASO DE ALEX LEMUN, UN CASO PENDIENTE
Por Elías Paillan
Alex Lemún Saavedra falleció el falleció el 12 de noviembre de 2002 a los 17 años, tras agonizar varios días en la Clínica Alemana de Temuco, después de ser baleado por un el oficial de Carabineros Marcos Truer, cuando participaba junto a la comunidad Montutui Mapu y Requem Lemun bajo, de una reivindicación territorial en el fundo Santa Elisa, en la comuna de Ercilla.
Según la declaración judicial de los carabineros, el oficial Truer utilizó bombas lacrimógenas, luego balines de goma y, finalmente días para en cuatro oportunidades su escopeta Winchester, cargada esta vez con municiones de plomo calibre 12. Uno de los disparos, impacta en la frente del menor. El día 14 de noviembre se realizan los funerales de Alex Lemún en Pidima, Novena Región, a la cual asisten alrededor de 400 personas de distintas zonas del país.
Si bien en un primer inició logró establecerse responsabilidad del oficial, la justicia militar finalmente cerró el caso. Según el abogado Rodrigo Lillo, el motivo esgrimido por el Juzgado Militar de Valdivia es que no se habría cometido delito alguno por parte de Marcos Treuer, ya que los disparos que hirieron de muerte al menor se habrían hecho en defensa propia.
El mayor asegura ser respaldado por los subalternos que lo acompañaban, que habrían escuchado un disparo de pistola proveniente del grupo de mapuches. Vale hacer presente que en la causa que se siguió ante la Fiscalía Militar de Angol no existe ni una sola evidencia, ni tampoco antecedentes que permita deducir, o siquiera sospechar, que los mapuches disponían de armas de fuego y que hubieren disparado en contra de la policía, explicó Lillo.
El 3 de agosto del año 2008, los padres del joven Alex Lemún Saavedra interponen acción judicial para intentar reabrir el caso. Sonia Saavedra y Edmundo Lemún viajaron a Santiago, acompañados de un grupo de abogados para realizar el trámite judicial en el Palacio de los Tribunales de Justicia, acción que no tuvo éxito.
Este año se cumplen siete años de la muerte del estudiante sin que la justicia militar, instancia que investigó el caso, haya condenado al responsable directo, quien hoy se encuentra aun en servicio activo. La muerte de Alex Lemún, la causa se encuentra cerrada y sin responsables encausados.
Hay muchos casos que se han denunciados por violencia innecesaria contra mapuches. Lesiones de distinta gravedad, secuelas sicológicas en los niños y niñas, al igual que en ancianos y adultos. Pero ninguno se ha esclarecido estableciendo algún tipo de responsabilidad para la policía, lo que da cuenta de la injusticia y parcialidad de los tribunales militares, la que ha sido cuestionada permanentemente a nivel internacional como en los Informes de Naciones Unidas sobre Chile, como también a nivel nacional.
Los abogados defensores agregan que "nunca debió ser juzgada por la justicia militar, pues constituye un exceso de competencia, la que se explica por los objetivos del gobierno militar, que –a comienzos de la dictadura- modificó la legislación a fin de otorgar mayor celeridad a los juzgamientos y mayor impunidad para los represores. Actualmente, es injustificado e inexplicable que persista una jurisdicción militar que se ocupe delitos que no son propiamente militares y delitos cometidos contra personas civiles".
Finalmente señalan "la muerte de Alex Lemún constituye una violación al derecho a la vida, tal como está consagrada en los Tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile y por tanto vigentes, puesto que se trata de la acción voluntaria de un funcionario del Estado chileno, en ejercicio del poder que detenta".
por paismapuche.org
“Siendo aproximadamente las 6:00 a.m. del 3 de Enero de 2008, Matías Catrileo Quezada, junto a un grupo de entre 20 a 30 personas ingresó al denominado Fundo Sta. Margarita, con la intensión de efectuar una ocupación pacifica y así hacer público el reclamo de dicho predio. En ese contexto es asesinado por el Cabo 2do.Walter Ramirez, quien percutió el tiro mortal con su Uzi, en Filkun, Temuco.”
NVESTIGACION EN MANOS DE LA JUSTICIA MILITAR
Jueces y parte
En “democracia”, todavía los crímenes cometidos por militares o carabineros son investigados y juzgados por Jueces también militares.
El día 3 de Enero de 2008 se hace cargo de la investigación el Tte. Coronel de Ejercito José Pinto Aparicio
El día 7 de Enero del 2008., dicta Un Auto de procesamiento; en el cual dice que “es un hecho que de la causa que el disparo que recibió Catrileo Quezada, le ocasionó la muerte”. Así mismo, determina que se SOMETE A PROCESO al CB2o WALTER JHONATAN RAMIREZ INOSTROZA como autor del delito de VIOLENCIAS INECESARIAS CAUSANDO LA MUERTE DE MATIAS VALENTIN CATRILEO QUEZADA”.
Los padres de Matías, se hacen parte parte del proceso, a través el Abogado Sr. Jaime Madariaga de la Barra.
En Santiago, el 22 de Enero del 2008, la Corte Marcial ratifica el Auto de Procesamiento , a los pocos, le otorga al imputado la libertad provisional, con un pago de 200.000, quedando en calidad de procesado en libertad .
A fin de Julio, oficialmente se hace parte del proceso el Consejo de Defensa de Estado El abogado defensor del procesado cabo Ramírez solicitó al Fiscal Militar el cierre del sumario y el sobreseimiento de su representado, lo que no acepto el Sr. Fiscal.. Entonces, el abogado del policia elevó la petición a la Corte Marcial, la que debió pronunciarse el día 28 de Mayo, sin hacerlo la a postergado para el día jueves 11 de junio donde a vuelto a aplazar la decisión para el día 18 de junio.
Llamamos a estar atentos a la decisión.
Informativo Pais Mapuche
Miércoles 13 de mayo de 2009, por colaborador anonimo
Juicio por quema de camiones: Persecución contra Redes de Apoyo a la Lucha Mapuche* Informativo Pais Mapuche
Este lunes comenzó en Angol el juicio oral contra tres miembros de las redes de apoyo a las comunidades mapuche en conflicto, acusados de incendiar dos camiones en enero del 2008. La fiscalía pide encarcelarlos por siete años y medio en un montaje sin pruebas que solo busca menoscabar el apoyo social a la lucha de las comunidades mapuche.
La madrugada del cinco de enero del 2008, un grupo de personas incendió dos camiones en la ruta cinco sur, a la altura del sector Chamichaco en Ercilla, hecho ocurrido a dos días del asesinato del weichafe Matías Catrileo, quien cayó en Vilcún por una bala de carabineros.
Solo días más tarde, el sábado 12 de enero, fueron detenidos Juan Medina Hernández en San Pedro de la Paz y Alex Bahamondes en Osorno, siendo trasladados en aparatosas caravanas policiales hacia los tribunales de la zona de Malleco. Luego quedaron incomunicados por casi 20 días en la cárcel de Concepción. La persecución continuó con la detención el lunes 17 de Miguel Angel Varela en La Serena, y el jueves 20 de Erick Von Jenstick en Valdivia.
Todos forman parte de las redes de apoyo a las comunidades mapuche en conflicto en sus respectivas ciudades, lo que significó un golpe planificado por la justicia chilena para amedrentar e intentar debilitar el creciente apoyo social en todo el mundo hacia la lucha mapuche más digna.
Sin embargo, esta razzia policial no pasa de ser un montaje político a modo de mensaje intimidatorio para quienes se atrevan a respaldar y apoyar la legítima resistencia de las comunidades en conflicto, una amenaza para quienes osen denunciar la violencia asesina del estado chileno y el sistemático genocidio hacia un pueblo que amenaza la estabilidad capitalista. Esto queda en evidencia cuando no existen pruebas para culpar a nuestros hermanos.
La evidencia de un montaje
En primer lugar, Miguel Angel Varela no alcanzó a ser formalizado cuando salió en libertad. Luego de soportar cinco días de incomunicación en la cárcel de Temuco, el juez de garantía de Collipulli vio que no existía razón alguna para su procesamiento. Por el contrario, su defensa acreditó sin mayor esfuerzo que Miguel se encontraba en La Serena cuando sucedieron los hechos en cuestión, a más de mil kilómetros de distancia, en una actividad de apoyo a Patricia Troncoso, que llevaba casi 100 días en huelga de hambre. Meses más tarde, Varela fue absuelto de todo cargo.
Por su parte, Erick Von Jenstick ha dejado claro junto a sus familiares y cercanos que el día de la quema de los camiones estaba en el velorio del weichafe Matías Catrileo, en el hogar Pelontuwe de Temuco. Lo mismo sucede con Juan Medina, quien tambien se encontraba junto a las redes de apoyo despidiendo a nuestro hermano Matías Catrileo. De este hecho innegable existen numerosos testigos.
Por su parte, Alex Bahamondes se encontraba trabajando en unas parcelas de Osorno durante esos días, lo que fue ampliamente denunciado por sus cercanos.
Las falaces pruebas de la fiscalía
La investigación se realizó por más de un año e incluyó desde espionaje y hostigamientos a familiares, hasta el show de las policías en la reconstitución de escena. La única prueba concreta del fiscal antimapuche Miguel Angel Velásquez es la palabra de los testigos protegidos, de los cuales nadie sabe su identidad. Ellos habrían identificado a los tres inculpados de entre un set de fotografías mostrado por la inteligencia policial.
Por otro lado, existe una enorme lista de elementos "acusatorios" incautados en los hogares de los procesados. Aquellas pertenencias constituyen pruebas tan ridículas como un libro del Che Guevara, documentales de conflictos sociales o ropa "oscura", entre otras.
En todo este proceso, nuestros tres hermanos y sus familias han debido soportar la prepotencia de las policías que desde antes de las detenciones ya se percibía la vigilancia y el hostigamiento permanente.
Ello hasta que se dejaron caer sobre sus hogares en hordas de policías con armamento de guerra, sin respetar la integridad de mujeres y niños. Esta es una constante de violencia que desde las comunidades mapuche se ha extendido hacia cualquiera alguna relación tenga con las reivindicaciones de un pueblo oprimido.
En la Cámara de Diputados
En la antesala del juicio, el pasado 11 de marzo Elena Varela se reunió con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La verdadera novela de terror que la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, asistida por oficiales de la policía de Investigaciones de Chile ha montado para inculpar a la documentalista chilena, dejó estupefactos a varios miembros de esta Comisión. El relato del trato vejatorio, cruel y degradante a la que fue sometida la documentalista, narrado directamente por ella, acompañada por miembros de la Asamblea por los Derechos Humanos y organizaciones mapuche, impactó a los parlamentarios. Asistieron Sergio Ojeda Presidente de la Comisión,los diputados Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Lily Pérez, Gabriel Ascencio, Tucapel Jiménez, Iván Paredes, Karla Rubilar, Felipe Salaberry, Gabriel Silber, Ximena Vidal, y Gastón Von Mühlenbrock, es decir parlamentarios de todas las tiendas políticas. El diputado Tucapel Jiménez reaccionó negándose a creer que en democracia pudieran suceder los hechos que se denunciaban y que eran tipificados como conductas propias de una dictadura. Asimismo las diputadas Pérez y Rubilar se mostraron visiblemente conmovidas por el relato, aunque Elena estima que el tiempo asignado se hizo escaso para ahondar más en su exposición. Hubo otros diputados que no prestaron atención.
En Rancagua
Dos semanas se prevé que durará el juicio en Rancagua, ya que el fiscal Servando Pérez Ojeda también acusa a otros dos chilenos, Kenny Sánchez Contreras, un ex mirista retornado desde Suecia, y Sergio Reyes Matus, ex empleado de Forestal Mininco, para quienes el fiscal pide 20 años de prisión. Un equipo encabezado por el ex juez Juan Guzmán y al que se suma la acuciosa labor del abogado Jaime Madariaga, defensor de presos políticos mapuche, refutará los cargos por los cuales el Ministerio Público ha pedido quince años de cárcel para la ganadora de los más importantes fondos públicos de apoyo al cine en Chile. Varela es directora de los documentales “Newen Mapu Che, la fuerza de la gente de la tierra” y “Sueños del Comandante”, entre otros. La cineasta llega al juicio flanqueada por muestras de solidaridad de los documentalistas argentinos que hoy marcharán a la embajada chilena en Figueroa Alcorta y Tagle para proyectar sus materiales con la consigna: “¡Si tocan a uno tocan a todos. Libertad a Elena Varela, devolución de todos sus materiales - libertad a todos los presos politicos mapuches - libertad de expresión en toda Latinoamérica!” También confía Elena el movimiento de apoyo a su libertad gestado en Chile con participación de trabajadores de la cultura, comunicadores de medios independientes y organizaciones sociales y de derechos humanos. Destacadas personalidades de la cultura y el medio académico presentaron el año pasado una denuncia por su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para este movimiento de apoyo, el intento oficial de vincular a la cineasta con la planificación de un asalto a un banco en 2004 o un robo con homicidio en Machalí en 2005 no resiste análisis, ya que las pruebas que se dieron a conocer públicamente y que fueron incluidas por el gobierno en su respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son risibles: armamento de juguete y materiales de campaña utilizados para la filmación de escenas del intento guerrillero del MIR en Neltume en 1981. Como testigos a favor de la documentalista desfilarán en el estrado destacadas personalidades del medio audiovisual chileno.
La ley de delación compensada
El Fiscal hará uso de testigos amparados en la ley de delación compensada, una legislación aprobada a comienzos de la transición, que incentiva a detenidos y sus familias a delatar a miembros de organizaciones que se supone son peligrosas para el Estado, a cambio de protección. Las pruebas así obtenidas serán esgrimidas por el ministerio público contra Elena Varela y Kenny Sánchez. Se sabe ya de una testigo protegida, Andrea Gaete, la viuda de un ex miembro del grupo sindicado como autor de los asaltos. Aunque la Fiscalía ya descartó presentar las pruebas exhibidas a la prensa en mayo pasado, no ha devuelto las 300 cintas grabadas con material de alta definición, y su acusación descansa en la vinculación sentimental que tuvo la cineasta en 2004 con Juan Moreno Venegas, sindicado por la Fiscalía como dirigente del EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, una facción que reconocería orígenes en el MIR histórico. Actualmente buscado por la justicia, Moreno se se presentó entonces ante la realizadora con otra identidad, como una fuente que le entregaría información valiosa sobre el conflicto mapuche, por su pretendida calidad de periodista. Varela iniciaba su investigación sobre el tema, ya que carecía de nexos con esas luchas y se había trasladado recién desde Santiago al sur del país, a su llegada de Alemania. El carácter de fuente que la defensa le confiere a Moreno y otros entrevistados por la documentalista no es menor, ya que los creadores audiovisuales han sostenido que el secuestro del material filmado vulnera los derechos de Elena Varela y por extensión amenaza los de todos los documentalistas. Por coincidencia, en estos mismos días el Senado chileno tiene en tabla la votación del proyecto de ley firmado por la Presidenta Bachelet y ya aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que extiende el resguardo del derecho de protección de la fuente a los audiovisualistas, generado precisamente por el impacto de este caso. Se estima que la iniciativa es de fácil despacho y del mayor interés para el Ministerio de Cultura que encabeza Paulina Urrutia, por lo que las negociaciones para lograr su aprobación han sido intensas y aparentemente exitosas.
Intencionalidad de la fiscalía
Aunque a Elena Varela la Fiscalía intenta involucrarla con una organización que realizó asaltos con resultado de muerte, los interrogatorios a los que fue sometido todo el equipo que trabajaba con ella –también detenido inicialmente- eran sólo sobre el conflicto mapuche y los atentados incendiarios contra las forestales y no hay ninguna filmación ni objeto encontrado en los allanamientos que esté relacionado con esas acciones. El equipo jurídico sosteiene que las acusaciones deben fundarse en hechos ciertos y fundados y no en suposiciones porque de otra manera sólo se logra “desacreditar al gobierno y sus órganos” e infundir temor a nivel nacional La presión ejercida por niveles superiores para que se mantuviera una acusación tan feble sólo puede entenderse como parte de una intencionalidad que persigue el amedrentamiento de los intelectuales que desarrollan su labor de creación en lugares de conflicto social y político y se relacionan con personas perseguidas. El mensaje es claro: quienes se vinculan con las luchas del pueblo mapuche, cada vez más criminalizadas, se verán también alcanzados por esa dinámica y serán enjuiciados. Igualmente, quienes con su obra operen contra el síndrome del olvido y rescaten la memoria colectiva de las luchas del pueblo, quienes trabajen con los niños y las nuevas generaciones para romper el miedo imperante en la sociedad chilena y especialmente en el campo, lejos del ámbito urbano, no serán tolerados por el sistema. Elena cometió el crimen de hacer ambas cosas, y con su cámara no sólo grabó a los dirigentes perseguidos de las comunidades mapuche que recuperan sus tierras ancestrales, sino también a los niños de Neltume que dijeron que querían conocer la historia de su pueblo, y a los sobrevivientes de la guerrilla mirista que explicaron por qué y dónde se asentó un grupo de combatientes. La música de los documentales es de Elena Varela, que es también compositora, directora de orquesta y musicóloga. Fueron cinco años de trabajo, casi el mismo tiempo que la fiscalía dice que ella dedicó a planificar asaltos a bancos. En www.ojofilm.cl (la productora de Elena Varela), se pueden ver los trailers de los documentales y una presentación de su obra que abarca muchos otros ámbitos, como la formación de jóvenes documentalistas. Y en you tube se la puede ver dirigiendo la orquesta sinfónica de niños de Panguipulli. Pero ¿sabrán los jueces qué significa hacer un documental, cómo se hace una investigación, cuánto tiempo lleva producir, filmar, editar? De eso y de lo que hay detrás de cámaras, de la motivación que lleva a un creador a filmar, del impulso vital que hace que un autor no descanse ni duerma hasta llevar a término su idea se hablará en este juicio especial que pocos habrían imaginado puede ocurrir en el país gobernado por la Presidenta Bachelet, en su período de mayor popularidad, y cuando en el Senado se sienta en la testera Jovino Novoa, en un impensado regreso del pinochetismo a las alturas porteñas. Así estamos en Chile.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
MARRICHIWEW!!!!!!!!!!!!
A un año del asesinato de Matías Catrileo a manos de las fuerzas del “orden”, sumamos también nuestra solidaridad exigiendo justicia y esclarecimiento de las extrañas circunstancias en la que cayó muerto Juan Cruz. No olvidando a todos los presos políticos mapuche y no mapuche que colman las cárceles tanto nacionales como extranjeras.
Consideramos un deber llamar a unirnos en un solo grito tanto a los oprimidos de la ciudad como los del campo, frente al avance de este capitalismo depredador y su consecuente “Terrorismo de Estado” que criminaliza toda clase de protesta y legítimos reclamo.
Solidarizamos también con el terrible momento que atraviesa el pueblo palestino y condenamos el sangriento e impune ataque que perpetra el Estado sionista de Israel.
¡Por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche!
¡Fin a la Ley Antiterrorista!
¡No a la criminalización de la protesta!
¡Fuera el sionismo de medio oriente!
¡¡AUTONOMIA Y AUTODETERMINACIÓN DE TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO!!
C.L.P.P.M.V.
Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche Valparaíso, 3 enero de 2009
Lunes 13 de septiembre
64 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE
Ayuno solidario masivo
Con la presencia de personeros del mundo eclesiástico, artistico, cultural y sindical en apoyo a los comuneros en huelga de hambre
(desde las 11 A.M. en lugar por confirmar).
Martes 14 de septiembre
65 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE
Jornada de vigilia y velatón durante la continuación
de la jornada de ayuno solidario indefinido.
Miércoles 15 de septiembre
66 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE
Jornada de Movilización nacional e internacional
por los presos políticos mapuche en huelga de hambre.