Cuando se disponía a declarar el testigo protegido sindicado por la Fiscalía con la letra “B”, el juez que preside la sala ordenó el desalojo de los cerca de 40 comuneros Mapuche que presenciaban el juicio oral iniciado hoy en contra del integrante de la comunidad Nicolás Calbullanca Ociel Santi Paine (29), a quien el fiscal Mario Elgueta solicita 10 años y 1 día de presidio por 2 presuntos robos con intimidación ocurridos el año 2005 en la zona de Lleu Lleu.
Pese al rechazo de los comuneros de abandonar la sala, cerca de 20 carabineros y gendarmes procedieron a ejecutar el desalojo lo que fue considerado por los Mapuche como una medida arbitraria y discriminadora. La medida incluyó a niños y ancianos que se encontraban en el lugar.
Lo anterior se sustenta en que fue el propio fiscal Elgueta quien desistió de utilizar el biombo que ocultaría la identidad del testigo protegido “B”, quien a la postre fue identificado como Atilio Zapata, un antiguo cuidador del agricultor Eduardo Campos Valenzuela y testigo clave del fiscal antimapuche en su afán de encarcelar a Santi Paine.
Atilio Zapata habría presenciado el robo de tres vacunos el 16 de octubre de 2005 en la parcela 17 de Campos Valenzuela y habría reconocido a Santi Paine a una distancia de 80 metros pese a que estaba encapuchado, según consta su declaración policial.
Esto se contradice con la verdad de los hechos, y que dan cuenta que en esa fecha Santi Paine se encontraba en Concepción en casa de unos familiares. Al mismo tiempo tiene acreditado que en mayo de 2005, fecha en que acaeció el otro robo investigado, se encontraba en Copiapó trabajando como temporero según consta el libro de ingreso, liquidación de sueldo y relato de sus compañeros de trabajo.
El montaje es evidente y así lo manifestó el propio Santi en el alegato de apertura, acusando a los policías y a la Fiscalía de urdir este engaño.
Cabe precisar que el 29 de diciembre de 2009 el Ministerio Público ofreció a Ociel Santi llevarlo a un juicio abreviado a cambio de una libertad vigilada, lo que fue rechazado por el comunero, lo que demuestra la desesperación de Elgueta por conseguir condena a toda costa.
Otro dato importante, es que en esta causa actúa como querellante la gobernación provincial de Arauco, organismo que a través del abogado Eduardo Paredes aseguró que esto “era un juicio común y no político” y ante lo cual surge la interrogante. ¿El gobierno se querella por todos los delitos comunes? Evidentemente que no, a no ser que hayan Mapuche involucrados.
¡Basta de montajes judiciales!
¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche!
¡Marrichiwew!
Unidad de Comunicaciones
Lofche Nicolás Calbullanca
Territorio Mapuche 14 de abril de 2010
1 comentario:
chicos megustaria que dieran algun contacto, hace un tiempo les envie un corre pero no obrube respuesta.
naty
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